Los llamados Certificados de Garantía Yasuní, equivaldrían por unidad, a una tonelada de carbono no emanado al ambiente. Un total de 16 especialistas internacionales estudian el sustento de tales certificados.
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El país espera obtener una "compensación" equivalente al 50%, o lo que equivaldría a unos 350 millones de dólares anuales durante una década. Las negociaciones con países europeos continúan en proceso, de la mano de Roque Sevilla, presidente del Consejo Administrativo y Directivo de la iniciativa Yasuní-ITT, el problema radica en “pagar por no contaminar” pues no está contenido en el tratado de Kyoto, éste no contempla el procedimiento pero a pesar de esto, el país busca seguidores afines a su propuesta.
Según una publicación del diario El Telégrafo, se afirma lo siguiente: “El dinero se destinará a cuatro objetivos. A la conservación de 40 parques nacionales, que representan el 18 % del territorio del país, y a las más de cinco millones de hectáreas que están en manos de las comunidades indígenas y afroecuatorianas, con lo cual se protegería el 38% de la superficie nacional. También serviría para la reforestación y crecimiento natural de bosques en 2,3 millones de hectáreas, para lo cual se contrataría a habitantes de sectores rurales. Y por último, para el cambio de la matriz energética de demanda y oferta del Ecuador, con proyectos de hidroelectricidad y geotermia, y la reactivación de la economía de las zonas con influencia petrolera, sin destruir el ambiente.”
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